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Ministerio de Hacienda desacata criterio de la Procuraduría relacionado a los vehículos eléctricos

2019-07-30 5:08 PM | Anonymous member (Administrator)

Ministerio de Hacienda desacata criterio de la Procuraduría relacionado a los vehículos eléctricos

        El transporte eléctrico es una medida clave para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, un tema que atañe a todos los ciudadanos.

        La no exoneración genera desestímulo y desconfianza entre los consumidores, quienes, ante la incertidumbre, prefieren posponer su decisión de compra o inclinarse por un vehículo de combustión.

        El criterio de la PGR es una respuesta oficial a la consulta del Ministerio de Hacienda, y, por tanto, es de acatamiento obligatorio.

30 de julio de 2019. La Ley 9518 de 2018 tiene el claro objetivo de incentivar el transporte eléctrico en Costa Rica. Esta es la primera ley de esta naturaleza en América Latina, y con este paso el país se colocó a la vanguardia. Ahora hay que ejecutarla en el sector público y privado, incluidos los consumidores individuales que quieren ser parte del cambio positivo.

A la vez, el país anunció ante el mundo en febrero de 2019, un Plan Nacional de Descarbonización y 3 de los 10 pilares tienen relación directa con un transporte libre de emisiones. También, en febrero se publicó el Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Ahora corresponde llevar estos planes a la práctica, y los incentivos de la Ley 9518 juegan un rol vital.

La Ley definió por 5 años, entre otras, la exoneración del 13% de Impuesto General sobre las Ventas (IGV) a los vehículos eléctricos nuevos. Con la entrada de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2019, el Ministerio de Hacienda pidió el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR) con respecto a si, con su entrada en vigor, se puede interpretar que las exenciones al IGV contempladas en cualquier ley conexa se encuentran derogadas tácitamente.

Mientras la PGR definía su criterio, el Ministerio de Hacienda emitió la Resolución DGA-100-2019 donde se indica que la Ley 9635, no contempla la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los vehículos eléctricos nuevos publicados en la Ley 9518, por lo que no procede la exoneración escalonada del IVA. Mismo criterio que aplicó a las exoneraciones al sector turismo y paneles solares.

Sin embargo, el 4 de julio del 2019, la PGR emitió el criterio C-185-2019 en el que establece que “no puede entenderse que las exenciones del mal llamado impuesto de ventas otorgadas mediante otras leyes hayan sido derogadas tácitamente (...) y que las exenciones del impuesto de ventas que fueron otorgadas por plazos determinados a tenor de la Ley 6826 se mantienen vigentes hasta el advenimiento del plazo".

En claro desacato al criterio de la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda sigue cobrando el 13% del IVA alegando que “no coincide con el criterio que acredita total claridad en el dictamen de la PGR, debido a que el mismo precisamente reconoce la ausencia de actas legislativas que definan el pensamiento del legislador sobre el tema consultado y considera como opción la gestión de una interpretación auténtica emanada del Poder Legislativo”.

Además, el Ministerio de Hacienda indicó en respuesta a nuestras consultas que “desarrolla un proceso de análisis de la normativa vigente y de los alcances del dictamen C-185-2019 con el fin de definir formalmente la posición institucional al respecto por lo que es materialmente imposible en este momento afirmar que se modificarán o no los códigos de aduanas en cuanto a la exención del IVA para leyes que gozaban anteriormente del beneficio tributario sobre el IGV. Y que en caso de proceder la exención sobre el IVA para los beneficiarios que antes gozaban de exención del IGV por llegarse a considerar que su exención no fue afectada por la ley 9635, tendrían derecho quienes hayan pagado dicho tributo a solicitar su devolución ante la Dirección General de Tributación mediante los requisitos y procedimientos que dicha dependencia determine”.

Desde la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE), afirmamos que si bien la PGR indica que lo más prudente es tener una interpretación auténtica de los legisladores donde quede claro si la intención del legislador fue que los regímenes exonerativos que fueron otorgados con anterioridad a la ley quedaron derogados; esta es solo una recomendación y no el criterio vinculante mencionado en el párrafo anterior.

Para ASOMOVE, el Ministerio de Hacienda debe ser consecuente con la Ley 9518 y con el Plan de Descarbonización. ¿Cómo queremos ser emisiones netas cero al 2050 si el Ministerio de Hacienda no cumple con la legislación y con el criterio de la PGR que es el abogado del Estado?

Pedimos no solo que se aplique el beneficio de exoneración del IGV (ahora IVA), sino que además, este proceso sea ágil para no entorpecer el desarrollo de la movilidad eléctrica y la oferta que es tan necesaria para ello.

La situación actual genera desconfianza entre las agencias importadoras de vehículos eléctricos y entre los consumidores quienes sufren atrasos en la entrega de los vehículos que ya pidieron. Y principalmente se genera una gran incertidumbre en los consumidores en general, prefiriendo posponer su decisión de compra o inclinarse por un vehículo de combustión interna convencional.

Hay una empresa turística que adquirió 2 vehículos eléctricos a la que el Ministerio de Hacienda está cobrando el impuesto del 13%. Lo mismo pasa con una agencia de autos que está tramitando sin éxito la exoneración de 4 vehículos eléctricos y tiene 18 más en tránsito, y con otra empresa automotriz que también tienen un gran pedido en camino.

El transporte eléctrico es una medida clave para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, un tema que atañe a todos los ciudadanos. Nuestra preocupación radica en que, por tecnicismos y tramitología, estamos retrocediendo, promoviendo de alguna manera el transporte a base de combustible fósil. 

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Contacto: comiteejecutivo@asomove.org y drivera@asomove.org

*La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE) es una asociación sin fines de lucro, creada en 2017 por usuarios de vehículos eléctricos con el fin de impulsar la movilidad eléctrica como un elemento clave en la transición a una sociedad menos dependiente de combustibles fósiles. Se promueva la instalación y mantenimiento de infraestructura de recarga adecuada y la consecución de incentivos para el avance de este tipo de movilidad, tanto en el ámbito público como privado.


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